POR VINICIO CASTILLO SEMAN.- He sostenido ante los medios de comunicación que el cuestionario del X Censo Nacional de Población y Vivienda que organiza el gobierno a través de la ONE a partir del 10 de noviembre, es inconstitucional e ilegal y que sus resultados serán usados contra intereses vitales de República Dominicana en el plano internacional.
Lo primero es la pregunta 64 del cuestionario del censo, que reza de la manera siguiente: “Las personas suelen definirse asimismo de acuerdo a sus facciones, color piel, y otras características culturales; partiendo de lo anterior usted se considera: ¿negra o negro, moreno o morena, mestizo o mestiza, india o indio?”.
Esa pregunta en un censo tiene como objeto la creación de políticas públicas de desarrollo, es claro que procura hacer distinciones por color de piel y razas o etnias, lo cual está prohibido por nuestra Constitución en su Artículo 39.
Aparte de inconstitucional el interés oculto es perverso y atenta contra una de las virtudes mayores del Estado Nación llamado República Dominicana, que desde su fundación ha sido la unidad nacional y no discriminación o división por colores piel, a diferencia de otras sociedades. Lo que se pretende crear a partir de resultados del censo es la creación de una nueva categoría de dominicanos, los afrodescendientes, y con ello la nociva diferenciación racial en República Dominicana.
El otro aspecto cuestionable del censo es el interés de contabilizar la población ilegal en República Dominicana, empadronarla, no para repatriarla conforme a la Ley de Migración, sino para su regularización en República Dominicana, objetivo central de la ONU, las potencias y sus peones aquí.
Conforme a la ley, un representante de la autoridad no puede sentarse a empadronar a un ilegal, si no es para detenerlo y repatriarlo. Los encuestadores del censo violarían la Ley de Migración si, actuando por mandato oficial, hacen actividades oficiales con ilegales, que no sea para cumplir la Ley de Migración, porque el ilegal podría alegar que el Estado, al empadronarlos y saber dónde viven y qué hacen y no deportarlos, tolera y acepta su permanencia en República Dominicana. De ahí que el censo procura plantear nuevo plan de regularización de más de un millón haitianos en República Dominicana.
Pero sumado a lo descrito, la ONE ha delegado el análisis de los datos recogidos del censo a una compañía extranjera consultora de ONU, que es la que va a redactar las conclusiones del censo. Esa compañía fue escogida sin cumplir con la Ley 340, sin concurso ni licitación pública, nacional e internacional, como proveedor único, que recibirá más de 12 millones de pesos por ese trabajo de consultoría y análisis.
Sobre este sensible aspecto anuncio que hoy lunes, a las 10:00 de la mañana, estaremos depositando ante la Dirección de Compras y Contrataciones el pedido de investigación correspondiente a la selección irregular de esa compañía consultora, en violación a todos los precedentes de compras y contrataciones.
Lamentablemente, el censo que cada 10 años debe hacerse para bien de la nación, ha sido manipulado con cuestionario inconstitucional e ilegal y con fines ulteriores contra República Dominicana.
